NO TODO ES POLÍTICA PERO LA JUSTICIA SÍ

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Por  @prietocandanga

Decir que la Justicia es política es algo casi de sentido común, sobre todo en la Argentina donde “hacete amigo del juez” es un verso que aprendemos en la primaria cuando leemos uno de los libros que, se supone, nos dicen qué somos y qué no somos. Pero más allá del sentido común, la justicia es política por varias razones. Las peleas judiciales pueden resolver problemas de acción colectiva, legitimar reclamos a partir de su calidad de derechos, y generar colectivos que no existirían sin la intervención judicial[1]. Además, como las decisiones judiciales crean jurisprudencia e interpretan la ley, crean normas[2]. Y más allá de que se creen normas nuevas, el hecho de que estas normas efectivamente rijan sobre lo que la gente puede y no puede hacer, es decir, el hecho de que se cumplan, requiere sí o sí de la interacción entre los políticos y los jueces[3].

Esto no quiere decir que la Justicia y sus actores hagan política como los actores que juegan en la arena electoral –los políticos, los partidos– hacen política. Lo que sí quiere decir es que los actores que la integran tienen intereses y objetivos propios que están definidos por el juego de estos actores en un circuito de instituciones que ellos pueden cambiar, pero que, en general, es heredado de los juegos anteriores. La marcha del 18F no puede ser leída por afuera de esta matriz.

Pensar que la Justicia es política implica tener en cuenta que los juegos definidos por la interacción entre las instituciones, entre los actores, y entre las instituciones y los actores, pueden tener resultados distintos. La jefa de departamento de Ciencia Política de la Universidad de Rochester, Gretchen Helmke, definió al juego de incentivos que moldea las decisiones de los jueces argentinos como un juego “carrerista” en el cual los jueces y actores de la Justicia buscan maximizar sus chances de sobrevivencia ante la eventual llegada de un nuevo gobierno. Desde ese punto de vista, la marcha de los fiscales reproduce lo que lo que el Poder Judicial hace siempre, que es tirarle buena onda al próximo gobierno pegándole al actual. La diferencia está en que esta vez lo hacen movilizándose y desplegando su fuerza en la calle, a cielo abierto, algo que todos los sectores de la política y la sociedad civil hicieron a lo largo del kirchnerismo.

Defección estratégica: un juego argentino

La distribución de las ventajas entre los políticos y los jueces y el modo en la que esas ventajas se organicen va a marcar que los actores jueguen de una forma o de otra forma distinta. En Argentina, la inestabilidad democrática que se prolongó hasta 1984 forjó una particular arquitectura de incentivos que llevó a los jueces a ponderar la continuidad en el cargo por sobre todos los demás objetivos que un juez puede tener. Por eso Helmke llamó a los jueces argentinos “carreristas” (2006).

El carrerismo de los jueces se activa a través de un mecanismo que la misma autora llamó “defección estratégica”. La defección estratégica sucede cuando los jueces perciben que un gobierno comienza a perder poder y debilitarse: en estas condiciones, los jueces empiezan a tomar más posiciones contrarias a las gubernamentales, con el objetivo de distanciarse estratégicamente y maximizar sus chances de sobrevivir ante la eventual llegada de un nuevo gobierno. Caso contrario, los jueces fallarán en acuerdo con las tendencias del gobierno, en general el  que los puso en su cargo.

La evidencia que apoya este argumento puede leerse en su trabajo “Modeling Motivations: Decision-Making on the Argentine Supreme Court”, del 2006. En ese trabajo Helmke muestra que cuando empezó la última dictadura argentina en 1976, las decisiones contrarias al Gobierno de la Corte Suprema eran tendientes a cero. Entre 1977 y 1981, los porcentajes ascendieron al 30 por ciento para llegar al pico de ese período, de 50 por ciento, a las puertas de la democratización. Durante el gobierno de Alfonsín esta lógica se volvió a manifestar: en 1984 las decisiones del mismo tribunal rondaron el 10 por ciento; para 1986 subieron al 40 por ciento; y para 1988, en el marco de una subida inflacionaria, alcanzaron un pico del 60 por ciento. En el gobierno de Menem se detecta una dinámica similar: en los inicios de un gobierno inestable, hacia 1989, las decisiones anti-gubernamentales de la Corte Suprema alcanzan el 50 por ciento de los fallos; la cifra decrece para 1991, cuando el gobierno tiene mayor estabilidad, a un 30 por ciento; en 1995, con la reelección del entonces Presidente, bajaron nuevamente a un 15 por ciento para volver a subir estrepitosamente a un 50 por ciento con la derrota legislativa de 1997.

La “marcha de los fiscales” es, si la miramos en el marco los números fríos, más de lo mismo: una señal de un sector los fiscales y jueces al gobierno que le siga a este de que los integrantes del Poder Judicial no mantendrán su lealtad al gobierno actual. Pero si la miramos como lo que es, una demostración de fuerza, la marcha de los fiscales es un evento 100 por ciento kirchnerista que refleja una época en la que el campo, los estudiantes, la juventud, los gremios, las organizaciones sociales, los maestros, los empresarios, todos los que en algún momento tuvieron algo para decir, lo dijeron movilizándose. Una parte del Poder Judicial va a hacer este miércoles lo mismo que hace siempre, pero lo va a hacer como se hacen las cosas en el kirchnerismo, o sea saliendo a la calle y tratando de armar mayorías. Lo mismo pero a cielo abierto.

[1] Smulovitz, 2010.

[2] Shapiro, 1981.

[3] Maravall y Przeworsky, 2003.

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