Debatir la protesta en el país jacobino

phoenixprotesto

Por Ana Natalucci :: @ana_natalucci

 

¿Toda protesta es legítima? ¿Puede una ley regular la protesta social? ¿Está resuelto el desencuentro entre la clase política y la ciudadanía?

La Argentina tiene una cultura política basada en expresiones callejeras de problemas compartidos. De acuerdo a datos proporcionados por Pérez y Pereyra, entre 1984 y 2007 en Argentina se produjeron 10,679 protestas[1], entendiendo por tales acciones públicas donde un colectivo le plantea al Estado, de modo directo o indirecto, una demanda. En ese período, los años con mayores protestas fueron: 2005 (702); 1986 (679); 1984 (647) y 2007 (595). Como se observa, los picos corresponden a los gobiernos que aún con diferencias habían abierto espacio para la expresión de demandas. En los primeros años del kirchnerismo esto es claro: además de la decisión de no reprimir la protesta, el presidente alentaba la movilización en un contexto donde carecía de legitimidad de origen -en general vinculada a su raso triunfo electoral-.

Esa cultura política basada en la movilización se fundamenta, por un lado, en la tradición política instaurada por el peronismo y, por otro, en la falta de instituciones donde canalizar demandas insatisfechas de todo tipo. En algunas coyunturas es común que desde el poder político -y los medios masivos se acoplan- se desacrediten ciertas formas de expresión. Tal vez en los últimos años el piquete o corte de ruta/calle y el escrache hayan sido los más cuestionados. Como modo de descalificación, con el primero se generó una falsa disyuntiva entre el derecho a pedir trabajo y comida del derecho a circular; y al segundo por el señalamiento que implicaba denunciar a los genocidas impunes. Ante ambas situaciones, la clase política propuso regular la protesta, impedir esos cortes y escraches y si era necesario se reprimiría para evitarlos.

Right now

Desde diciembre asistimos a un escenario de creciente conflictividad. Los saqueos ocurridos en diciembre, los cortes de calles en el área metropolitana durante diciembre y enero debido a los cortes en el suministro de energía eléctrica, los cortes de calle de organizaciones sociales frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para reclamar un aumento en los planes sociales, el corte del Puente Pueyrredón por parte del SUPA, cuyos manifestantes empujaron a un discapacitado; el paro docente en la provincia de Buenos Aires por tiempo indeterminado, el paro general convocado por la CGT Azopardo, CGT Azul y Blanca y la CTA Michelli para el 10 de abril volvieron a poner en el tapete la cuestión de la regulación de la protesta.

Tanto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su discurso en la Asamblea Legislativa del pasado 1º de marzo como el Jefe del Bloque de Diputados del Frente Renovador, Darío Giustozzi, volvieron a cuestionar que las protestas cercenen el derecho a transitar y propusieron que la protesta se regule mediante un régimen de convivencia o una ley sancionada por el Congreso.

Respecto de la clase política hay dos cuestiones que sorprenden. La primera es que no haya un intento de contextualización de las razones que propician el crecimiento de las protestas, los “políticos” proponen regular una situación que es creada por su misma incapacidad para resolver los problemas sociales y esto no parece despertarles ninguna reflexión seria, más allá de algún comentario pasajero. La segunda cuestión que sorprende es que la clase política crea que con una ley o un reglamento puedan regularse los modos en que los ciudadanos se expresan. En un país de baja institucionalización como este parece muy improbable que este intento sea exitoso. Me pregunto si estas propuestas son signos de aquel proceso de desacople entre la clase política y la ciudadanía que a principio de siglo llamábamos crisis de representatividad y que algunos creyeron que con consignas como “la vuelta al Estado” o “el regreso de la política” estaban resueltas.

En general las teorías conspirativas, elaboradas para descalificar las medidas de fuerzas de grupos antagónicos u opositores al proyecto en el que cada uno se enarbola, poco sirven, quedan en el microclima político militante sin mayores repercusiones. Acusar a otro de tener fines políticos tampoco ayuda. Es obvio que cualquier protesta se erige frente a un oponente e intenta legitimarse frente a otros, y más obvio aún que la fuerza política que conduce el Estado sea la más cuestionada; al fin de cuentas es ella sobre la que recaen las responsabilidades.

En un contexto complicado en lo económico y lo político, donde el espacio militante multiorganizacional se encuentra fragmentado -prácticamente no hay en funcionamiento ningún frente político y existen cinco nucleamientos sindicales- es esperable que haya un crecimiento de las manifestaciones callejeras.

¿Qué hacer frente a esto? Más que discutir leyes que intenten cristalizar modos de resolución de los conflictos hay que abrir un debate respecto de que formas son aceptables y cuáles no; cuáles rozan lo delictivo y cuáles son la única forma de sectores excluidos de hacerse escuchar. Las acciones de protesta van cambiando en cuanto a sus protagonistas, formas y demandas según los contextos históricos y políticos. Hay cuestiones de la dinámica social que no son aprensibles por la política. No es posible -ni deseable- suponer que una ley pueda definir para un período considerable la legitimidad de una. Y hay que bancarse que esta discusión no tenga fin.

 

[1] Este número representa el total de las protestas que los periódicos nacionales cubrieron en sus páginas, es decir que la cantidad de protestas realizadas fue más elevada. Pérez G. y Pereyra S. “La protesta social entre las crisis de la democracia argentina” en Revista SAAP, Vol. 7, Nº 2, noviembre 2013.

 

 

 

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